Los collares sustraidos al patrimonio michoacano que se encontraban en el Museo del Estado.

A raíz de hechos recientes como el robo de la primera Presea Generalísimo Morelos del Museo del Estado, en Morelia, ocurrido el pasado 22 de mayo, y el posterior hurto en el mismo recinto de alhajas precolombinas, el 24 del mismo mes, así como del robo de una escultura de 1.80 metros ocurrida en el hotel Holiday Inn el 12 de junio y la construcción de un estacionamiento al costado del acueducto de la ciudad, todavía dentro de la zona patrimonial de Monumentos Históricos, académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo redactaron un documento el pasado jueves 17 de junio en el cual exigen que “se garantice la protección y conservación del patrimonio cultural de los michoacanos”, de conformidad “al reconocimiento de los derechos culturales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo IV, Párrafo 9º”.
Una decena de integrantes del diplomado que se imparte dentro del Curso Seminario Historia de los Derechos Culturales en México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, firmaron la carta.

Diálogo crítico y aplicación del
marco normativo, ante los robos
La misiva señala, en sus puntos sustantivos, que ante hechos como la pérdida de piezas en el Museo del Estado o la construcción de un nuevo estacionamiento a inmediaciones del jardín de Villalongín “es inaplazable la manifestación de la sociedad michoacana y de la comunidad académica. Se requiere de acciones urgentes ante patrimonios en riesgo”.
“Debemos establecer un diálogo constante, crítico y constructivo con las autoridades en sus diferentes órdenes, respecto del manejo de los patrimonios culturales de Michoacán –puntualiza el documento–, pues se trata de bienes que han dado su justificación a la existencia de varias instancias y sin los cuales no tendría sentido su permanencia”.
“Es necesaria la aplicación del marco normativo en la materia, el cual sanciona este tipo de ilícitos, como el Código Penal y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ambos instrumentos en el orden federal y estatal, en los cuales se encuentran tipificadas conductas como el mal uso de la función pública y el nepotismo, así como el capítulo VI, relativo a las sanciones de tipo penal de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas”.
“Pero además –sigue la carta– se requiere del análisis y propuestas que den claridad a las lagunas o ambigüedades legislativas, producto de estudios rigurosos y no de opiniones parciales o ingenuas que carecen de fundamento y erudición en la materia”.
Acerca de hurtos como los de la presea Generalísimo Morelos, las alhajas precolombinas y la estatua, el texto cuestiona:
“¿Se trata de un problema de presupuesto para adquirir la tecnología requerida (para la protección del patrimonio) o de organización en las estructuras, en la que inciden cuestiones como la vocación de sus integrantes en todos sus niveles, el compromiso y la responsabilidad laboral, por la cual se les remunera con recursos que salen del erario público?”
La misiva se extiende asimismo en el caso del estacionamiento que se levanta a un costado del Acueducto de Morelia “y que paradójicamente se encuentra a unos pasos de la delegación del INAH en Michoacán”.

“Formar conciencia social y exigir al
Estado cumpla sus responsabilidades”
La redacción del documento, ya se dijo, se ha dado al seno del curso seminario en el que 14 académicos procedentes en su mayoría de las facultades de Derecho y de Economía de la UMSNH preparan sus tesis de maestría y se internan en la asignatura, relativamente reciente, de los Derechos Culturales.
El seminario cuenta con la asesoría del doctor Bolfy Cottom, quien es investigador de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, así como catedrático de dichas materias en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entrevistado en exclusiva por Poliedro en torno a hechos concretos como los hurtos en el Museo del Estado, en el hotel Holiday Inn o la construcción del estacionamiento dentro del perímetro declarado “Patrimonio de la Humanidad”, el doctor Cottom consideró:
“El país está transitando en un momento sumamente complicado, en el sentido de que la cultura y la educación han sido prácticamente relegadas como pilares fundamentales de la vida nacional”.
“En este sentido, si vamos a pensar en cuestiones de fondo y no en soluciones de coyuntura, es preciso decir que la clave para fortalecer la protección de nuestro patrimonio cultural, sea mueble o inmueble, tangible o intangible, consiste en dos elementos fundamentales: formación e información”.
“Esto es esencial porque esos dos factores conforman, en última instancia, un tercer nivel que es el ámbito de la conciencia educativa. Es decir: mientras la gente no conozca, mientras la gente no esté informada, mientras nosotros mismos no estemos formados en el valor, significado y riqueza de nuestro patrimonio, nunca llegaremos a tener una conciencia ciudadana, que es resultado de un proceso formativo inevitable”.
“Y si carecemos de esa conciencia, pues simple y sencillamente vamos a ver pasar por delante de nuestros ojos destrucciones, saqueos, irresponsabilidades, corruptelas de las autoridades… y no vamos a tener el compromiso ciudadano de exigir que se defienda y de defender nosotros mismos aquello que nos pertenece o que pensamos que nos pertenece”.
“Ahora bien: semejante participación social tiene que darse, pero no de manera anárquica, sino de un modo organizado. Y esta clase de organización sólo puede generarse a partir de un proceso educativo, de un proceso formativo. Es en ese sentido en el que le tenemos que apostar a un proceso educativo. Tenemos que apostarle a la formación de conciencia, pero recordando que la educación no es solamente de escuelita o de salón de clases, ya que lo que recibimos en una escuela es instrucción, no educación propiamente dicha. La educación es, sobre todo, compartir nuestros conocimientos a nivel de familia, a nivel de grupo, de barrio, de colonia, de pueblito o de gran ciudad. Y es ahí, en esos ámbitos: el familiar, el grupal, el de barrio y de pueblo o de colonia, donde es preciso establecer los compromisos para atender aquellos aspectos que, como sociedad, consideremos que nos convienen o que nos benefician, como en este caso el asunto de la protección de nuestro patrimonio”.
“En estos procesos habrá conflictos –concluyó el especialista–, habrá intereses, como ocurre en toda dinámica social humana, pero hay que afrontarlos con madurez para resolverlos y superarlos de una manera sana, directa y transparente. Es necesario hacer eso, porque de lo contrario las generaciones futuras verán lo que hicimos y dirán que no tuvimos siquiera la capacidad de iniciar un proceso educativo, formativo, para defender lo que nos pertenece”.
El doctor Bolfy Cottom precisaría que en estos temas de protección y conservación el derecho juega un papel fundamental “porque es una herramienta del Estado”. Abundaría:
“Hay un ámbito que le corresponde atender al Estado, sin duda alguna… pero en el entendido de que el Estado no puede estar en todo y, de hecho, no debe estar en todo, ya que la dinámica cultural en sí es un elemento por naturaleza social, que el Estado no puede ni debe controlar”.
“Lo que sí hay, en cambio, son ámbitos que se han ido construyendo a lo largo de la historia, como el asunto de la protección al patrimonio cultural. Sería el caso de las bibliotecas, los archivos o los museos, por ejemplo. Y ahí sí tenemos que ser, como sociedad, mucho más exigentes acerca del papel que le corresponde cumplir al Estado como su salvaguarda”.

Una de las imágenes dedicada al estacionamiento que se construye a un costado del acueducto.

La carta íntegra
A continuación, el contenido completo de la carta emitida al seno del curso seminario sobre Derechos Culturales, en la división de estudios de postgrado de la facultad de Leyes de la Universidad Michoacana. El texto dice:

A la sociedad michoacana.
Al pueblo mexicano.
A la comunidad académica en las distintas universidades en Michoacán.
A las organizaciones civiles interesadas en la conservación del patrimonio cultural.
A la Oficina de la UNESCO en México (región de América Central).
A la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de Justicia de la República.
A la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Contraloría, la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Patrimonio Estatal, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
A la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Morelia, la Contraloría Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Coordinación Ejecutiva Centro Histórico y Zonas Monumentales de Morelia, el Consejo de la Ciudad y la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia “Morelia cuna ideológica de la independencia”.
A los medios de comunicación.

Quienes asistimos al coloquio “Derechos Culturales en Michoacán. Aproximaciones a su estudio”, que se desarrolló en el marco del Seminario Historia de los Derechos Culturales en México, y que se erige como un espacio de discusión y análisis académicos en el Posgrado de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitamos a la reflexión respecto a los sucesos registrados en los últimos días, que menoscaban de manera determinante el patrimonio cultural michoacano, memoria histórica insustituible.
Como lo ha difundido la prensa local, en días pasados se registró el robo de la primera presea “Generalísimo Morelos”, en el Museo del Estado de esta ciudad, seguida de la desaparición de dos collares o pulseras precoloniales (no se ha aclarado por la instancia correspondiente cuáles fueron los bienes sustraídos) también en ese museo, sin que, al parecer, se tenga el dato exacto de la fecha en que fueron sustraídos. Se suma, además, el hurto de una escultura de la artista Virginia Portilla, registrado en un hotel de esta ciudad.
Todo lo anterior forma parte de la información “oficial”, pero ¿qué pasa respecto a las desapariciones de piezas que no se mencionan en las comunicaciones públicas, de las cuales al parecer no hay una certeza, como nos deja ver el caso del Museo del Estado con el robo de los collares prehispánicos?
Esta situación pone en la mesa de análisis varias interrogantes, entre ellas: ¿La protección y el manejo de estos patrimonios están garantizados? ¿Quién nos repone la irreparable pérdida de nuestra historia, que es fuente del conocimiento científico y de integración identitaria, de lo “mágico” de nuestro pueblo? ¿Se trata de un problema de presupuesto para adquirir la tecnología requerida o es un asunto de organización en las estructuras, en donde inciden, entonces, cuestiones como la vocación de sus integrantes en todos sus niveles, así como el compromiso y la responsabilidad laboral por la cual se les remunera con recursos que salen del erario público?
Desafortunadamente, lo anterior es una situación que se registra también en otros órdenes. Luego de que se aprobara el irresponsable Bando del primer cuadro de la ciudad para prohibir que los automovilistas se estacionen y transiten por algunas calles de la zona, se realiza una nueva construcción, como varias en el centro histórico de la ciudad, que afecta de manera decisiva la permanencia del patrimonio arquitectónico; se trata de un estacionamiento de dimensiones colosales ubicado en la calle Aquiles Serdán, a un costado de la plaza Manuel Villalongín, que paradójicamente se encuentra a unos pasos de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado. Esta construcción, para sorpresa de muchos, cuenta con el permiso del ayuntamiento, pese a que esta obra es en sí misma un daño a la cultura michoacana, además de un posible perjuicio a los inmuebles que colindan con ella, los cuales forman parte de la zona de monumentos históricos reconocida por declaración presidencial y a través del título “Patrimonio cultural de la humanidad”, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO).
Ante los hechos referidos, es inaplazable la manifestación de la sociedad michoacana y de la comunidad académica; se requiere de acciones urgentes ante patrimonios en riesgo.
Debemos establecer un diálogo constante, crítico y constructivo con las autoridades en sus diferentes órdenes, respecto del manejo de los patrimonios culturales de Michoacán; bienes que dan justificación a varias instancias y sin los cuales no tendría sentido su permanencia.
Es necesaria la aplicación del marco normativo en la materia, que sanciona este tipo de ilícitos, como el Código Penal y la Ley Responsabilidades de Servidores Públicos, ambos instrumentos en el orden federal y estatal, en los cuales se encuentran tipificadas conductas como el mal uso de la función pública y el nepotismo, así como el capítulo VI, relativo a las sanciones de tipo penal, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; pero además se requiere de análisis y propuestas que den claridad a las lagunas o ambigüedades legislativas, como resultado de estudios rigurosos y no de opiniones pancistas o ingenuas que carecen de fundamento y erudición en la materia.
Conforme al reconocimiento de los derechos culturales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo noveno, exigimos se garantice la protección y conservación del patrimonio cultural de los michoacanos.

Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2010.

Firman la presente comunicación:

Bolfy Cottom.
Maribel Rosas García.
María Isabel Domínguez Herrera.
Juan Zacarías Paz.
Román González Serrato.
Indhira Karina Sánchez Sepúlveda.
Patricia Alvarado Portillo.
Cosme Damián Barajas.
Andrea Janet Serna Hernández.
Yadira Espinoza Suazo.
José Alberto Jiménez López.
Roselia Castro Madrigal.
María Leticia Galván Silva.
Gabriela Arellano Molina.
Sandra Piñón Guía.
Víctor Irepan Núñez.
Jesús Abdón Sánchez Pahua.
Gabriela Ponce Báez.

Se suman a la exigencia descrita en esta carta los ciudadanos:

Antonio Rubén Martínez Sánchez.
Gloria Ortega Solorio.
Margarita Ortiz Valdés.
Ramona Ham de Martínez.
Pascual Martínez Duarte.
Lorenzo Velázquez Hernández.
Yolanda Zetina Castañeda.
Bonifacio Serrato Mireles.
Miguel E. Leyva S.
Juana Paz Gutiérrez.
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