Carlos Montemayor en Morelia:

México como un Estado fallido

El investigador y escritor mexicano describe las debilidades del gobierno, las válvulas de escape que han impedido hasta hoy el estallido social, así como los compromisos que debería adoptar el Estado Mexicano para comenzar a trabajar en beneficio del país

Durante la conferencia en el auditorio Luis Sahagún, en la Casa de la Cultura de Morelia.

México cada vez tiene menos capacidad de Estado para modificar su propia condición política y económica. Por eso, en la gradación que emplean los analistas del Pentágono, catalogan a México como un Estado fallido. Un Estado fallido, desde la caracterización de estos analistas, se refiere a un Estado que es incapaz de modificar o de tomar decisiones que modifiquen su realidad inmediata con efectos inmediatos en términos económicos, políticos, sociales o de seguridad.
Así lo planteó ayer sábado en Morelia el historiador, politólogo, poeta y novelista mexicano Carlos Montemayor (Los informes secretos, Guerra en el Paraíso), al participar en las “Jornadas contra el olvido”, emprendidas en el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido y establecidas por la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón”
La sede del evento fue el auditorio Luis Sahagún, de la Casa de la Cultura de Morelia. Allí, Montemayor comenzó con una charla dedicada al tema de la violencia de Estado y los crímenes de Estado, al término de la cual procedió a reflexionar sobre las condiciones de nuestro actual gobierno como un Estado fallido, situación que es, entre otras, la que posibilita que se de esta “violencia de Estado”.

Querer o no querer, he ahí el dilema
“En términos de Estado fallido –dijo el autor de El alba y otros cuentos–, México no tiene capacidad… o no quiere tenerla, según la élite que ahora ocupa el poder, para hacer por ejemplo que los bancos paguen impuestos. Los bancos son los que más ganan en este país dentro de la economía formal y no pagan un centavo de impuestos. Todas sus ganancias se reciclan como impuestos diferidos, pero se destilan como activos de los propios bancos. Y un Estado que es incapaz de ordenar a su banca o de controlarla para el desarrollo económico y productivo del país, es un Estado que no tiene capacidad ante un reto financiero. Es decir, es un Estado fallido en ese aspecto”.
“Ahora bien, que el presidente Calderón diga: ‘No; no es que seamos un Estado fallido, es que no queremos cobrarles impuestos [a los bancos], porque mientras no les cobremos impuestos, mejor riqueza para el país’, ¡bueno!, eso lo puede decir. Pero no es cierto”.
Montemayor señaló que el Estado también es incapaz de frenar la contaminación con maíz transgénico en el país. “No tiene capacidad para decirle a las distintas empresas trasnacionales dedicadas al ramo en qué condiciones pueden o no sembrar transgénicos: es decir, sí en condiciones de laboratorio, pero no a campo abierto. Pero el gobierno dice: ‘No; es que eso va a enriquecer y a asegurar el desarrollo agropecuario de México’ con lo cual lo que nos dice es que es una decisión soberana que la contaminación con transgénicos sea generalizada”.

La crisis nacional y sus
tres válvulas de escape

“Si vamos, así, señalando muchos de los sectores del país, somos un Estado fallido. Ahora bien, por vez primera se le salió decir al secretario de Desarrollo Social que la pobreza extrema, nuestra crisis fundamental, podría ser un detonador de incomodidad social; pero después se arrepintió y dijo que no era cierto”.
Montemayor estuvo dispuesto a conceder que el malestar social sí está contenido en México, pero no por las mejores causas; mucho menos por causas planificadas. Precisó:
“La inconformidad social, con toda esta pobreza galopante, se frena en México porque tiene tres válvulas de escape. La primera son las remesas de los migrantes, que en estados como Michoacán son un factor relevante, aunque también será significativo el efecto del descenso de tales remesas, que es un fenómeno que se viene dando”.
La segunda válvula de escape es el sector informal de la economía, vinculado con muchas otras zonas subterráneas, como el contrabando, la producción y venta de chatarra china y de Taiwán, así como la piratería. Muchas cosas de la piratería yo las veo positivas. ¿Por qué pagar por un disco de Pavarotti trescientos pesos, si lo podemos comprar por quince pesos? Eso acerca a la cultura y a la voz de Pavarotti a las condiciones reales de los salarios en México. Y aunque parezca mentira que se pueda conseguir un disco por quince pesos, eso también significa fuentes de trabajo para quienes producen esos materiales piratas. Todo ese sector informal de la economía, que es informal porque no tiene pensiones, ni servicio médico, que no tiene seguridad de empleo, es otra válvula de escape".
"La tercera es el narcotráfico. Sin el narcotráfico, en México ya estaríamos en guerra civil, porque la aportación económica del narcotráfico es gigantesca a todos los niveles: a nivel agrícola, a nivel medio, a nivel financiero y al nivel de los grandes consorcios".
"Sin estas tres válvulas de escape, México ya estaría enloquecido".
"El Estado Mexicano no puede hacer nada con respecto a estas válvulas de escape. En cuanto a las remesas, porque todo está en manos de las políticas migratorias de Estados Unidos. En cuanto al narcotráfico, porque todo está en manos de consorcios nacionales o internacionales, o del gran mercado de consumo de Estados Unidos. Y ante el sector informal de la economía, el Estado no tiene opciones para ofrecerles empleos formales”.
“La lucha contra el narcotráfico es una lucha fallida también –añadió–, porque ni se están atacando todos los niveles de blanqueo de dinero y de inversión de recursos blanqueados, ni los de producción y procesamiento de droga y las operaciones están atascadas solamente en el segmento del trasiego de productos de la droga. Y con peculiaridades curiosísimas. Porque los túneles de los que se habla y que se emplean para transportar la droga de aquí a Estados Unidos son siempre túneles de un solo agujero: sólo tienen el de entrada y nunca se han hallado los agujeros de salida en territorio de Estados Unidos. Todos los agujeros están en México. Es decir que algo falla”.
“Entonces, por todos lados, el concepto de Estado fallido es pragmáticamente ilustrativo. Que el discurso oficial diga: ‘No, no es que sea fallido; es que no queremos hacerlo así y lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer’, ya es otro asunto”.

Al término de la conferencia el autor se dio un tiempo para autografiar varios libros que llevaron los asistentes

Presión social inteligente y responsabilidad
de parte del Estado, para una solución viable
“¿Qué hacer? –se preguntó a sí mismo–. Pues en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en la India, en Uruguay…, en Paraguay a su manera, hay señales de que algo se puede hacer desde la estructura de Estado. En México no hay señales de que algo se quiera modificar desde las estructuras del Estado. Necesitamos de un proceso complejo, largo, inteligente, que permita desde bases sociales una presión a todas las estructuras de partidos políticos, que son los que en este momento tienen acceso a las decisiones de Estado”.
“Yo creo que más temprano que tarde el país tiene que cambiar y que es insostenible mantenernos con esta inercia. Pero las condiciones de polaridad social son enormes y las condiciones de inseguridad también son enormes”.
Ante semejante panorama, propuso:
“Hay dos maneras de distribuir la riqueza. Una es la distribución directa, que es el salario: trabajamos y se nos paga un sueldo por esa labor; hay una distribución directa de la riqueza que se produce. La otra es la distribución indirecta de la riqueza, que es la inversión de Estado: el aseguramiento, vía el estado, de educación pública, de servicios médicos, de servicios de pensiones, de vivienda, de servicios sociales como agua potable, transportes, comunicaciones. Todas estas formas indirectas de distribución de la riqueza sólo son posibles cuando el Estado asume una responsabilidad de participación y de distribución, cuando asume con responsabilidad de Estado el bienestar de su propia sociedad".
"Cuando no la asume (como en el caso de las guarderías, de Pemex, de la generación eléctrica, de las pensiones, de la educación), entonces el Estado considera que la subrogación o el negocio con estos servicios es el mejor camino para enriquecer al país”.
Pero ante esta perspectiva, Montemayor cuestionó: “La distribución indirecta es la que priva en sectores como el de la educación pública y el de la seguridad médica en países primer mundistas como Gran Bretaña, España o en Francia. Entonces ¿por qué esos países que nos exigen renunciar a esos patrones, sí los siguen? Necesitamos, pues, un cambio a nivel de Estado que nos permita tener una visión del reparto indirecto de la riqueza que asegure un bienestar social. Y esto no va a ser solamente porque Felipe Calderón o Agustín Carstens amanezcan una mañana diciéndose: ‘¡Ah! ¿Qué tal si cambiamos ahora?’ No. Esto sucederá cuando la presión, la organización ciudadana, logre permear a los propios partidos políticos, logre permear a las propias organizaciones obreras o gremiales. Y claro, esto dependerá del tesón y de la imaginación de la ciudadanía”

El autor dialoga brevemente con Citlali Martínez

La conferencia: Crimen y
Estado, algunas definiciones

Antes de lo anterior, ya se dijo, Montemayor se ocupó del tema del crimen de Estado y su manifestación más brutal: la desaparición arbitraria de personas.
El invitado desbrozaría el panorama atentamente para impedir equívocos. Ante todo, para no confundir el delito o crimen de Estado con los delitos o crímenes en que puede incurrir cualquier funcionario, servidor público o integrante de las fuerzas policiales o armadas del país a título personal, y a quien se le pueden fincar, en ese caso, responsabilidades por abuso de autoridad, parcialidad, fraude o corrupción, pero no por Crimen de Estado.
Recordó, en este sentido, que el concepto de Estado se lo debemos a las nociones sociales que surgen con la Revolución Francesa (Siglo XVIII) para configurar la nueva organización nacional que reemplazó a las monarquías herederas del feudalismo. Desde esta perspectiva, el Estado es la organización institucional completa de la que dispone un país o una nación para regularse y ejercer su soberanía.
Mientras, acerca de la palabra “crimen”, puntualizó que aunque suele asociársele al derecho penal, es un término más amplio que tiene que ver con toda conducta delincuencial que infringe las estructuras de derecho o los sistemas de leyes de una sociedad. De modo que un criminal es, en principio, alguien que infringe las leyes.
También advirtió que, aunque habitualmente pensamos en los crímenes como sinónimo de hechos de sangre (asesinatos, agresiones), tan grave es un crimen en el orden penal como en el fiscal, civil o administrativo.
Ya con los términos definidos, Montemayor apuntó:
“Estamos ante un caso de crimen de Estado (o de violencia de Estado) “cuando un funcionario entra en correlación con acciones decisiones, encubrimientos o complementariedad con las acciones de otras dependencias o instituciones de Estado”. Es decir, cuando todo el aparato gubernamental o una parte significativa de él, a nivel institucional, así como dos o más poderes (juidicial, ejecutivo, legislativo) o dos o más niveles (estatal, municipal, federal) están involucrados en un hecho que infringe sus propias leyes.
“Por ejemplo: puede haber una decisión de un coronel o de un secretario de seguridad que provenga, de origen, de una decisión de cúpula de Estado y que él reciba como orden, que está coordinada con el Ministerio Público, con otras fuerzas de seguridad, con jueces, con jefes de reclusorios, con la prensa, con servicios médicos... Y esta cadena numerosa, gracias a la cual se impide descubrir los datos secretos de esta serie de acciones concertadas desde la estructura de gobierno o de Estado, es decir desde la diversidad de poderes, es lo que caracteriza a los crímenes de Estado y a la violencia de Estado”.

La masacre de Acteal,
en 1997, como ejemplo
Recordó que en México hemos estado expuestos a estos crímenes, a esta violencia de Estado, en múltiples ocasiones. Del pasado reciente se remontó al operativo de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, en Tlaltelolco. A partir de allí citó la masacre de 1971 (el célebre Halconazo, aquel Jueves de Corpus en el DF), el episodio de Aguas Blancas, el de Atenco y el de El Bosque, así como el caso de la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero y los acontecimientos de Oaxaca en 2006.
Sin embargo, por la vigencia del asunto, ahora que veinte detenidos han sido liberados para regresar a sus comunidades, el escritor se detuvo a revisar el caso de la masacre de Acteal, acontecida hace doce años en Chiapas.
Recordó que, a raíz del alzamiento del EZLN en 1994, en Chiapas, el gobierno mexicano instrumentó acciones para desarticular las bases del movimiento. Hacia 1997, tres años después, habitantes de la cañada y los Altos de Chiapas eran víctimas permanentes de la acción violenta de grupos paramilitares que asesinaban, amenazaban, quemaban sembradíos y destruían pueblos, orillándolos al exilio.
En diciembre de 1997, uno de esos grupos de desplazados, Las Abejas, llegaron a refugiarse a Acteal, en el municipio de Chenalhó, huyendo del rumor de que un grupo paramilitar preparaba un ataque contra ellos.
El día 22 de ese mes, ante la noticia de que hombres armados de las comunidades chiapanecas de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal se acercaban a Acteal, los desplazados optaron por una estrategia de no agresión: los hombres se retiraron para no justificar un acto violento y en torno a la ermita de Acteal quedaron unas trescientas personas (mujeres, niños y ancianos) rezando.
La agresión se consumó de todas formas. Comenzó a las 10:30 de la mañana con el asalto a tiros a la ermita (que era un galerón de madera con techos de lámina) y luego con la persecución de las víctimas, que huyeron del pueblo y se internaron selva abajo. El ataque concluyó poco antes de las cinco de la tarde con un saldo de 45 muertos (un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres), 25 heridos y 5 desaparecidos.
La historia, bien conocida, fue desmenuzada nuevamente por Montemayor para dejar claro cómo se perpetra un crimen de Estado y cómo opera su lógica de complicidad interinstitucional:
"Los paramilitares que aún asolan Chiapas han sido entrenados clandestinamente por cuadros de la policía estatal. Para la masacre de Acteal, hace doce años, los agresores fueron pertrechados con armas de alto calibre por el entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Más adelante se supo fehacientemente que un grupo policiaco que acampaba en las cercanías de Acteal recibió demandas de ayuda para detener la masacre, pero el responsable del destacamento se desentendió aduciendo que 'no era de su competencia' y que 'no tenía órdenes'. Mientras, hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para informarle de una fuerte balacera en Acteal y pedir su intervención inmediata. Homero Tovilla dijo no saber nada. A las 18:00 horas llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal 'estaba controlada', que se habían escuchado 'unos cuantos tiros' y que 'había cinco heridos leves'. Y probablemente esa habría sido la versión oficial de todo eso: 'un tiroteo con cinco heridos leves', de no ser porque hacia las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal un sobreviviente, de nombre Vicente, quien pudo dar detalles de la masacre".
"La Cruz Roja se movilizó a la zona. La prensa también se enteró y acudieron periodistas de distintos medios. Rescatistas y reporteros llegaron hacia las once de la noche al lugar del crimen y sólo esa oportuna presencia impidió que las autoridades estatales, a través de elementos de la Dirección de Seguridad Pública que llegaron a Acteal hacia las 4:00 a.m. del 23 de diciembre, pudieran eliminar las evidencias de la masacre".
Para el 1 de enero de 1995 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enlista en un documento todos los puntos de alteración, de omisión, de irresponsabilidad y de distorsión intencional en que incurre la Policía del Estado para alterar el escenario del crimen.
“Diez días después el ejército mexicano emprende 44 operativos en 33 comunidades indígenas en busca de armas, como respuesta a la violencia de Acteal. Y todos dirían ‘qué bueno que Ejército se propuso desarmar a la región’, pero lo peculiar es que el ejercito se pone a requisar armas en las comunidades de las víctimas, no de los agresores. No hay lógica en estos operativos, si quisiéramos entenderlos como una acción de justicia o de esclarecimiento de la masacre.
“Pero si notamos que la policía no intervino cuando pudo contra el tiroteo, sino que fue permisiva; que la policía del Estado intervino para alterar el escenario del crimen, y que el Ejército acudió a requisar armas entre las victimas y no entre los agresores, entonces vemos una lógica que vincula a policías del Estado, Ejército, autoridades estatales y al mismo presidente Zedillo quien siempre dijo que se trató de una “confrontación inter-comunitaria. Esa es la lógica de un crimen de Estado.
“Si hacemos una síntesis de esto podríamos decir que si el ejército y la policía forman, entrenan, pertrechan, protegen a los paramilitares, entonces son operativos coordinados de muchos niveles de gobiernos: federales y estatales. Y ahora que la Suprema Corte de Justicia libera a los veinte procesados, estamos ante otro elemento característico de los crímenes de Estado: la exoneración judicial. Están concurriendo todas las autoridades”.

La desaparición: el crimen más arrogante de
un Estado en contra de su propia sociedad

Dentro de las distintas posibilidades de la violencia y de los crímenes de Estado Montemayor señalaría que “hay una que sólo puede cometer el Estado, porque se necesita de la autoridad y colusión de todos los niveles de gobierno: la desaparición forzada de personas. Es el crimen más arrogante que puede ejercer un Estado contra su propia sociedad”.
Acotaría: “Quienes han cometido fraudes nefastos contra el país, los asesinos más brutales, los secuestradores que amputan… todos esos criminales de baja estofa y calaña, tienen un debido proceso y cuando se les consigna, siempre es como presuntos”.
“Pero a veces el Estado no quiere demandar a nadie, ni consignarlo; quiere aprehenderlo, torturarlo, asesinarlo sin dar cuenta de nada a nadie. Esa desaparición forzada sólo la puede ejercer un Estado que actúa impunemente. Por eso a ese tipo de crímenes se les llama ‘de lesa humanidad’: porque afectan lo más profundo de la condición humana: a la víctima se le priva de libertad, de dignidad, de un proceso, de encarcelamiento definido, de defensa legal, de visita familiar... Y este crimen de desaparición forzada es un rasgo característico de la guerra sucia en cualquier parte del mundo”.

La Guerra Sucia
La guerra sucia, –detallaría a su vez– es la guerra irregular que un ejército o la fuerza policial de un Estado despliega contra sectores de inconformidad social, particularmente contra sectores insurgentes, contra alzamientos sociales.
"En estos casos, en lugar de someterse a una legislación de guerra, el Estado se sustrae de toda legislación (los convenios de Ginebra, por ejemplo) y actúa con impunidad total. Esto implica el desconocimiento y la abolición de todo estado de derecho. No hay forma de localizar al desaparecido, que va de una a otra prisión, todas clandestinas. Nada sabemos de sus años de cárcel o de cómo pudieron ser sus últimos minutos de vida.La guerra sucia como despliegue de fuerza de un ejército o de una policía contra la insurgencia tiene, como punto esencial, la desaparición forzada de personas. Esto se documenta amplísimamente en la memoria de la guerra sucia en Guerrero que publicó la CNDH cuando Jorge Carpizo era su presidente. Está plasmada en mi novela Guerra en el Paraíso. Esta documentada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y podemos hablar desde la perspectiva de Lucio Cabañas, en Guerrero, de más de seis centenares de desaparecidos, pero hasta hoy ya son mas de mil, de los cuales sólo un caso ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla Pacheco".

ASPECTOS EN VIDEO

Algunos segmentos de la intervención del escritor, historiador y politólogo mexicano

Recursos en la web

Lista oficial de los “Estados Fallidos” 2009 / Información sólo asequible en idioma inglés, en la página de la fundación Fondo por la Paz:

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=323

Latinoamérica en el nuevo índice de Estados fallidos / Informa en la página electrónica española de REDRI, Revista Electrónica de Relaciones Internacionales, con datos que se remontan a 2005 y 2006

http://www.redri.org/alerta_indice_estados_fallidos.htm

Proyecto Desaparecidos / Página construida por diversos organismos y activistas de derechos humanos. Mantiene un seguimiento acerca de las víctimas del terrorismo de estado en América Latina y el mundo. Y publica textos críticos con el objeto de reconstruir, entender y analizar el terrorismo de estado y el fenómeno de las desapariciones.
http://www.desaparecidos.org/

Violación de derechos humanos en México / Cobertura amplia de información al respecto en el portal del Centro Independiente de Noticias en:
http://cinoticias.com/2009/08/28/los-paramilitares-se-han-reactivado-y-el-ejercito-y-la-policia-intensifican-sus-rondines-en-los-altos-de-chiapas/

Derechos humanos / Seguimiento de diferentes casos (Chiapas entre ellos) desde un enfoque social, político y económico. Página del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria en:
http://www.ciepac.org/

La Neta / Página electrónica del Programa LaNeta S.C., organización civil creada en 1991 para brindar servicio de comunicación electrónica a organismos no gubernamentales, en:
http://www.laneta.apc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=54